Las relaciones entre el gobierno nacional y los gobiernos de las entidades territo-riales, componente esencial del ordenamiento territorial de cualquier país, se han convertido en un espacio de tensión en los últimos años, debido a una creciente interferencia del nivel nacional en la autonomía municipal. Una sucesión de normas nacionales ha puesto en entredicho la función de regulación de los usos del suelo, que la Constitución otorgó a las autoridades municipales. Los macroproyectos de interés social nacional, contemplados en la ley del Plan Nacional de Desarrollo vigente, aunque no son el único caso, son el mejor ejemplo de esta situación ya que consisten en un instrumento de soporte de una de las estrategias centrales de la política nacional de vivienda, que inciden fuertemente en el núcleo esencial de la autonomía municipal.