La ciudad de Bogotá ha avanzado significativamente en la adopción de un conjunto variado de instrumentos de gestión del suelo y movilización de plusvalías  pero su implementación ha enfrentado diversas dificultades. Algunas de esas dificultades están relacionadas con las resistencias derivadas de intereses inmobiliarios afectados, que se manifiesta de diversas maneras y que han producido incluso tensiones entre el gobierno nacional y el municipal, expresadas en una disputa por el control en la toma de decisiones. Otras tienen que ver con la ausencia o debilidad de una apropiación y conducción de la gestión de los instrumentos por parte de los Alcaldes y los directivos del gobierno municipal y con la débil capacidad institucional de los equipos públicos para asumir las nuevas tareas o con cierta complejidad o excesivo formalismo de los instrumentos exigidos en la legislación que han conducido a problemas de diseño y, sobre todo, de operacionalización. A lo anterior se adicionan problemas de sobreposición de objetivos y algunos críticos han señalado cierta sofisticación de los instrumentos que dificultan su aplicación. No se descarta que la profusión y dispersión en los objetivos se agudice en el futuro cercano.

En el momento de formular esta propuesta se está discutiendo a nivel nacional una reforma a la ley 388 de 1997 y a nivel distrital  una revisión del plan de ordenamiento territorial, procesos en los que seguramente quedarán plasmados ajustes en los instrumentos que pueden ir en la vía de mejorar lo existente, ensayar nuevos instrumentos o incluso echar atrás en lo avanzado.